El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), compartió el costo que cada mexicano debe pagar por corrupción al año, siendo este, de 3 mil 822 pesos.
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Justo en el marco del Día Internacional contra la corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mostró el costo que tiene pagar cada mexicano debido a la corrupción por año, siendo este de 3 mil 822 pesos. Según el INEGI, entre 2013 y 2019 el costo de corrupción aumento un 63.1 por ciento, pasando de 2 mil 233 pesos a los 3 mil 822, por año.
El número de víctimas de corrupción por cada 100 habitantes pasó de 12 en 2013 a 16 en 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
El total de estas acciones durante el año 2019 fue de 12 mil 770 millones para “realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos o por otros contactos con autoridades.
Desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública (59.2%), hacer gestiones relacionadas con la propiedad (25%) o trámites ante el Ministerio Público (24.8%).
En una tendencia similar, el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8 puntos porcentuales entre 2013 y 2017, ubicando los últimos reportes en una prevalencia de 5.4% de unidades económicas víctimas de corrupción.
Oficina de empadronamiento de votantes en Playa del Carmen
El INE se ubica en la dirección:
Calle 12 Norte Bis Mz 60 Lote 7 y 8, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México.
El Instituto Nacional Electoral organiza procesos electorales libres, equitativos y
confiables para garantizar el ejercicio de los derechos electorales. Ofrece servicio para sus usuarios a través de citas en linea para evitar las filas en su sede.
Europol ha informado de que las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia pueden aumentar el ciberdelito. Han detectado aumentos en estafas informáticas, ciberataques, ataques a plataformas de teleconferencia e intentos de captura de datos personales y bancarios. Los ataques contra los hospitales para bloquear los sistemas y conseguir datos médicos son otro ejemplo.
Otro ejemplo son las cadenas de bulos y noticias falsas por los sistemas de mensajería que en algunos casos piden dinero, datos o dando algún tipo de supuesta información de una fuente anónima.
Estos bulos se caracterizan por no venir firmados por nadie, se pide que se difunda, la utilización de mayúsculas o iconos junto a un enlace son características de este tipo mensajes.
La cuarentena ha tenido como efecto un mayor consumo de internet, ya sea por dispositivos móviles o por ordenador. Este factor, añadido a la sensación de seguridad que produce estar en nuestra casa, aumenta el riesgo de sufrir un ciberdelito.
Qué nos enseña la ciberdelincuencia
La ciberdelincuencia se caracteriza por seis elementos:
escala
accesibilidad
anonimato
portabilidad y transferencia
alcance mundial
ausencia de guardianes
Estás características se utilizan tanto en las redes sociales como en las de mensajería para conseguir el objetivo del bulo.
Internet permite que se llegue a mucha más gente y de forma mucho más rápida que en el mundo físico. Nos permite contactar con personas de otros países con una interacción mucho más grande que el teléfono. Esto hace que aumente la escala de agresores y víctimas. Los delincuentes no se ven limitados por las fronteras.
Al mismo tiempo, los dispositivos móviles facilitan el acceso a internet. El Instituto Nacional de Estadística señala que el 90,7 % de la población española tiene acceso a internet. En la franja entre 16 y 24 años, el 99 % lo utiliza.
Un elemento clave que facilita la red es el anonimato. Esto es un aliciente para los delincuentes, ya que les es más fácil ocultarse gracias a identidades falsas, correos electrónicos anónimos, IP falsas y servidores interpuestos. Un caso reciente ha sido unas declaraciones atribuidas al juez Emilio Calatayud, que se han extendido como la pólvora. Pero seguro que si mira en sus grupos de amigos en el móvil encuentra más ejemplos.
La portabilidad y transferencia permite copiar gran cantidad de datos en un espacio reducido, permite replicar información de forma casi automática y la utilización de la nube facilita acceder a nuestros datos sin que nos percatemos.
La vigilancia en la red es muy complicada. La policía tiene dificultades para perseguir el delito en la red debido al anonimato y la dificultad de encontrar pruebas por la facilidad con que se pueden borrar.
¿Cómo evitar ser víctimas de bulos?
Los ciudadanos pueden influir en varias de las seis variables de las que hablábamos arriba.
El acceso está facilitado por el reenvío de mensajes en los grupos de amigos, pero se evita si cortamos ese flujo. ¿Quién no ha recibido un mensaje de una promoción o de alguna buena causa en su WhatsApp y lo ha mandado a sus amigos? ¿Quién no ha participado en esas cadenas? Romper con la propagación es una forma de proteger al resto.
El factor del anonimato se puede combatir contrastando la información. Si nos llega un mensaje sospechoso podemos ver en internet si quien lo envía es realmente la persona que dice ser. Esa comprobación antes de reenviar es un gran freno a la extensión.
Evitar transmitir la información es importante. La transferencia de los bulos es realmente sencilla y nunca se sabe dónde puede acabar. Aunque para nosotros no sea un riesgo grande, el receptor de nuestro mensaje sí puede verse afectado.
Facilitar información a la policía de posibles amenazas para facilitar su trabajo. Las cuentas en las redes sociales de las fuerzas y cuerpos de seguridad permiten informar de forma rápida de una posible amenaza.
Educar a las personas con menos conocimientos en materia de prevención es una buena actividad que se puede realizar en estos días en casa. No vamos a renunciar a nuestros dispositivos móviles pero sí podemos hacer que la red sea más segura.
Javier Valls Prieto recibe fondos del programa H2020 de la UE, en el proyecto COPKIT
Fuente: The Conversation (Creative Commons)
Author: Javier Valls Prieto, Prof. en Derecho Penal especializado en regulación ética y jurídica de la inteligencia artificial y la robótica, Universidad de Granada
Como siempre los políticos están ajenos a la realidad de la gente
El aumento a las gasolinas del 20% puede generar una alta inflación y en medio de la cuesta de enero que siempre es difícil al parecer los directivos del Instituto Nacional Electoral les ha parecido buena idea gastarse más de 3 millones de pesos en la renovación de los teléfonos celulares para ellos mismos.
¿Qué se puede hacer con 3 millones de pesos en tiempo de crisis? Alcanzaría para comprar 5,333 despensas para el mismo numero de familias.
Así nos lo cuenta 24 horas:
El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la licitación para renovar los teléfonos móviles de 200 de sus mandos, cuyo gasto podría alcanzar los 3.2 millones de pesos en 2017 y 3.5 millones en 2018.
De acuerdo con la licitación nacional LP-INE-62/2016 para el Servicio de Telefonía Celular en Oficinas Centrales y 32 Vocalías Ejecutivas, el órgano electoral solicitó teléfonos IPhone 7 Plus para los 11 consejeros y el secretario ejecutivo.
Los teléfonos de última generación se adquirirán junto al servicio de telefonía e internet con el gasto autorizado para el INE en 2017, en un contexto donde el Presupuesto de Egresos de la Federación disminuyó en 239 mil millones y la mayoría de dependencias sufrieron recortes…
Admite sabotaje a AMLO en 2012 y denuncia amenazas desde que habló con Bloomberg
https://www.youtube.com/watch?v=d7CcGWIaSGY
No solo admite espionaje sino operaciones de sabotaje en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2012 como por el ejemplo el Trending Topic #AMLOSubeBajaElPeso
Así lo relata Hispano Post en entrevista exclusiva desde la cárcel
Andrés Sepúlveda: el hacker que cuestiona el triunfo de Peña Nieto
El famoso hacker colombiano Andrés Sepúlveda -condenado en Bogotá a 10 años de prisión por prácticas cibernéticas corruptas durante la pasada campaña electoral a favor de Oscar Iván Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe-, tiene en aprietos al presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues sostiene que dirigió un grupo de hasta 20 personas con los que le hizo guerra sucia al principal contrincante: el derrotado Andrés Manuel López Obrador.
El trabajo incluyó técnicas de sabotaje, bloqueo de contenido masivo del contrincante, inyección de rumores y obtención de información confidencial de López Obrador. Este mismo tipo de estrategias fueron utilizadas en otras campañas políticas en países como Panamá, Venezuela, Honduras y Colombia.
Sepúlveda, de 31 años, asevera que viajó cerca de cinco veces a Ciudad de México y en cada oportunidad permaneció hasta dos meses para coordinar la campaña de desinformación y pillaje que, supuestamente, encumbró al actual presidente mexicano.
Asegura que llegó a la campaña llevado por el controvertido publicista venezolano JJ Rendón, quien le habría dado pasaportes falsos para entrar a México, cosa que el primero desmiente. Además, el hacker no ha podido probar con dato o documento alguno su relación con Rendón -y tendrá que hacer frente a la demanda por calumnia que el abogado del estratega venezolano ha interpuesto contra él en Colombia.
Sepúlveda se niega a dar detalles sobre los pasaportes falsos y los aviones privados en los que JJ Rendón, el propietario, lo transportó.
Por su trabajo para la campaña de Peña Nieto, Sepúlveda afirma que recibió un pago de 600 mil dólares.
El Instituto Nacional Electoral de México ha dicho que no investigará la versión de Sepúlveda y el diputado opositor Jorge López Martín ha intentado en Colombia entrevistar a Sepúlveda con el objeto de recaudar información para ventilarla en la justicia de su país pero no le ha sido posible.
Las revelaciones de Sepúlveda ponen en entredicho la promesa de campaña de Peña Nieto en el sentido de que no haría guerra sucia.
Sepúlveda afirma que ha recibido amenazas y varios intentos de asesinatos, razón por la cual en el momento de esta entrevista se encontraba recluido en una celda de máxima seguridad en Bogotá. Sin embargo, unos días después fue extrañamente trasladado a la cárcel La Picaleña, ubicada a cuatro horas de la capital del país. La Fiscalía le confirmó a HispanoPost los intentos de asesinato que han habido contra él y la Defensa espera que sea trasladado nuevamente a Bogotá.
El Instituto Nacional de las Mujeres negó la solicitud de investigación para declarar una alerta de violencia de género en el estado de Hidalgo bajo argumentos administrativos, lo que impide esclarecer la serie de asesinatos ocurridos en el municipio de Tula de Allende.
La Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C., y la Constituyente Feminista de Hidalgo, solicitaron a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género, por ser en los límites de Tula y Atitalaquia donde se han encontrado 7 de los 9 cuerpos de las mujeres víctimas de la violencia feminicida en los últimos 6 meses.
Pero Inmujeres rechazó a la solicitud la tarde del 21 de febrero, “toda vez que las promoventes no desahogaron en su términos la prevención”.
Según el organismo “los documentos presentados no acreditan de manera fehaciente los requisitos exigidos (…) ya que no se ha realizado la protocolización ante una Notaría Pública del cambio del Consejo Directivo de la misma, y el documento presentado no constituye un poder legal de representación”.
Con ese argumento se impidió realizar una investigación formal acerca de los cerca de veinte asesinatos a mujeres ocurridos en los últimos años, y que continuaron aún después de la presentación de dos presuntos responsables.
“En ningún momento el Inmujeres analizó si los hechos violatorios de los derechos humanos de las mujeres que presentamos no eran suficientes, y mucho menos estableció que no hay circunstancias que justifiquen la procedencia de la declaratoria de la alerta de género”.
Sin embrago el diputado local Ramón Ramírez Valtierra, a difundido que esta negativa se debe a que no cubrían los requisitos suficientes que validaran la existencia de violencia feminicida, aún antes de la respuesta dada por el Inmujeres a las asociaciones civiles.
“Los cuerpos de las mujeres víctimas de la violencia feminicida encontrados en la región de Tula presentaron al menos 4 de las 7 circunstancias, y sólo basta con que se presente alguna de las circunstancias antes mencionadas para que estos delitos encuadren en el delito de feminicidio”, se cita en un comunicado conjunto.
“Es evidente que la sicosis que generaría la alerta de género, a la que se refirió en sus declaraciones el Dip. Ramón Ramírez Valtierra, no es la sicosis en la población, sino la sicosis que nuestra solicitud generó en las y los gobernantes que han estigmatizado el uso de un procedimiento establecido en la propia ley”, acusan.
